La jueza 44 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, avaló las interceptaciones que se realizaron al celular del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Dichas interceptaciones fueron realizadas en marzo de 2018.

La togada indicó que se cumplieron todos los requisitos para dichas interceptaciones.

Por consiguiente, decidió no excluirlas del caso y del fallo, como lo había pedido la defensa del exmandatario.

La jueza sigue leyendo el sentido del fallo contra el exsenador, el cual consta de más de mil páginas.

Recordemos que el expresidente es procesado por los delitos de manipulación de testigos, soborno y fraude procesal.

El reloj espía

La defensa de Uribe también había pedido la exclusión de las grabaciones de las conversaciones que hizo el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve sobre las visitas del abogado del expresidente, Diego Cadena.

"Si bien el perito cuestionó la extracción de la información de los relojes, ello no es suficiente para negar la identidad entre el archivo original, el entregado a la Corte y el presentado en el juicio oral", indicó la jueza.

Puntualizó que las declaraciones de la defensa fueron "infundadas".

"No se observa en la conversación una inducción por parte de quien graba. Se limitaron a mostrar que Juan Guillermo Monsalve estaba siendo presionado para cambiar su versión ante el senador Iván Cepeda. Además, reflejan lo advertido por Monsalve, tal como estaba sucediendo. Son confiables", añadió.

La historia de este proceso

Cuando Álvaro Uribe Vélez ya no era Presidente de la República, ni tampoco Senador, presentó una denuncia contra Iván Cepeda Castro en la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos.

Según el exmandatario, Cepeda buscó testigos para que declararan de forma irregular en su contra y también sobre su hermano Santiago Uribe por presuntos nexos con paramilitares.

Eso tuvo lugar en 2012, pero seis años después, la Corte dio un giro inesperado sobre la situación, cuando Uribe ya ocupaba una curul en el Senado.

El alto tribunal no solo archivó la investigación contra Cepeda, sino que abrió una investigación formal contra el propio Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Pasó de ser denunciante a investigado.

La Corte lo citó a indagatoria en 2019 y en 2020 le ordenó detención domiciliaria, por considerar que había riesgos de que el expresidente se fugara del país. Un hecho sin precedentes en la historia de Colombia.

Es importante explicar que la Corte encontró información de que el abogado de Uribe, Diego Cadena, y el entonces senador del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada (hoy presidente del CNE), habían visitado la Penitenciaría La Picota para entrevistarse con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

Además, el 15 de septiembre se presentó una interceptación al exmandatario por “error”. Estas estaban encaminadas a receptar las llamadas del excongresista Nilton Córdoba, investigado por corrupción, pero terminaron sirvieron para escuchar al líder de la derecha colombiana hablar con Cadena de testigos y de artículos periodísticos que podrían afectarlos. 

A pesar de que Uribe había afirmado que no iba a renunciar a su curul por “honor”, lo terminó haciendo en 2020 por “falta de garantías” y su caso quedó en manos de la Fiscalía.

Eran los años de presidencia de Iván Duque y el ente acusador estaba en manos de Francisco Barbosa, una persona que tuvo cercanías con Duque, quien es de la misma corriente de Uribe Vélez.

Bajo el mando de Barbosa, la Fiscalía trató de precluir en dos oportunidades el proceso, lo que fue negado en ambas oportunidades por jueces de la república. 

El escrito de acusación, con un delito más de soborno simple, fue radicado el 9 de abril del año pasado y la primera audiencia tuvo lugar el 17 de mayo, bajo la tutela de la juez 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia.

Fue la primera vez que un Presidente de la República en el país fue a juicio, algo que en otras naciones del continente ha sido más usual, véase los casos de Alberto Fujimori en Perú, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela o Carlos Menem en Argentina.

Tras agotar las audiencias preliminares, se presentaron 67 días de juicio oral, los cuales concluyeron el pasado 8 de julio.

La jueza se tomó 20 días para tomar una decisión, después de revisar los testimonios presentados por la Fiscalía y la defensa de Uribe Vélez.

Durante este arduo enfrentamiento jurídico, el nombre más importante fue el de Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella del proceso.

Monsalve, integrante del Bloque Metro de las AUC, no solo salvó de culpas a Iván Cepeda, sino que habló abiertamente de los presuntos nexos de los hermanos Uribe con el paramilitarismo y las peticiones que le hicieron para que declarara contra Cepeda.

Diego Cadena supuestamente le había pedido que “me retractara de lo que había hablado en la entrevista con Iván Cepeda”. 

“(Enrique) Pardo Hasche y Diego Cadena vuelven y me buscan para la diligencia de retractación. Diego Cadena sí era muy allegado a Uribé, él habló con Juan Villegas y llamaron a mi mamá. Pardo Hasche me decía que debía escribir en la carta, era como pedirles perdón a los hermanos Uribe (...) Primero le hice una nota a la carta de por qué yo la había hecho. Esa carta la tenía Deyanira Gómez (su expareja)", narró durante el juicio.

Otros testigos, por ejemplo el papá de Monsalve, desacreditaron estas versiones, defendiendo el papel de Uribe y achacando la responsabilidad a Diego Cadena.

Incluso, este juicio repercutió en Estados Unidos, donde políticos, sobre todo del ala republicana, afirmaron que no existieron garantías por parte de la justicia colombiana e hicieron eco de las afirmaciones de Uribe de que el Presidente Gustavo Petro presionó para una decisión de culpabilidad. 

La decisión dada a conocer este lunes pone fin a un proceso dispendioso y que ha tenido en vilo a un país dividido políticamente en favor de los que están con Uribe y los que están en contra.